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Ochenta veces al menos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido su promesa de basificar a más de 80 mil trabajadores de la salud que laboraban por contratos desde antes de 2018.
Luego les prometió lo mismo a los 20 mil contratados durante el Covid-19; pero unos y otros se han quedado esperando e incluso sin empleo.
López Obrador hizo esa promesa desde el 21 de diciembre de 2018, en Oaxaca.
«Hay como 80 mil trabajadores de la salud eventuales o que trabajan por honorarios. Los vamos a ir basificando, poco a poco, es mi compromiso, no voy a decir nada que no pueda cumplir», afirmó ese día.
Luego la repitió al menos 80 veces por todo el País, durante su gira de 2019 por cada uno de los hospitales del IMSS Bienestar, entre julio y octubre de ese año.
Ya en 2020, con la pandemia del Covid-19, prometió que basificaría también a todo el personal que se contrató para hacerle frente, por honorarios y sin prestaciones.
«Nos ayudaron en los momentos más difíciles, los necesitamos, porque hay un déficit de médicos», dijo.
El 12 de mayo de 2020, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que se habían contratado a 44 mil 247 trabajadores para la atención del Covid. Por su parte, en su conferencia del 23 de julio pasado, el Presidente aseguró que habían sido 70 mil los contratados, aunque en su Tercer Informe de Gobierno reportó 19 mil 953 para hacer frente a la pandemia.
Si se atiene a lo oficial, 100 mil 732 trabajadores han laborado en el sector salud por contrato. Han conformado organizaciones como el Movimiento de Trabajadores de los Servicios de Salud Pública + Basificación (Motrasesaba), el Frente Nacional de Trabajadores de Salud en la República Mexicana o el Consejo Estatal de Trabajadores de Contrato de Chiapas que acusan un nulo avance en el cumplimiento de la promesa de basificación.
«Muchos seguimos aquí por la promesa del señor Presidente, pero cada día la vemos más lejana, inclusive imposible», dice Miguel Angel Sayago, un médico por contrato de Puebla que vende sanitizante para completar el salario neto de 4 mil 600 pesos quincenales.
Tiene seis años laborando, aunque le renuevan el contrato cada seis meses para no generar antigüedad.
Ya desde 2018, cuando se planeaba la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), esa promesa parecía complicada de cumplir: para basificar a los 84 mil 779 trabajadores eventuales que existían hasta entonces, se requerían 17 mil 991 millones 707 mil 298 pesos de presupuesto adicional cada año, según un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
«Eso fue lo que estimamos, pero en ningún momento se hizo un incremento al respecto», señala Judith Méndez, una de las autoras del informe.
Si bien en 2021, con 198 mil 334 millones de pesos, el Insabi tiene un presupuesto superior en 4.5 por ciento a los 189 mil 687 millones que tuvo el Seguro Popular en 2019, su población potencial es de 14.4 millones más que el extinto Seguro, por lo que el margen para crear nuevas plazas es casi nulo.
Aun así, Méndez afirma que por primera vez en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de 2021 se contemplaron 5 mil 989 millones de pesos para crear nuevas plazas en 25 hospitales más pobres y de médicos residentes de primer grado y especialidades.
Un calendario del Programa de Regularización del Insabi planteaba que para agosto se basificaran 4 mil puestos, pero a la fecha, según la investigadora, no se ha reportado ningún gasto en el presupuesto para ese rubro.
«Quizás se haya ejercido para otra cosa como el Covid», dice.
A Alejandra Alvarado, una enfermera especialista que trabajó un año y dos meses en un hospital de la Sedena, en Oaxaca, donde se contagió de Covid, ya no le renovaron el contrato el 15 de junio.
Con 30 compañeros despedidos armaron un plantón de 15 días en el Zócalo, pues creían en la promesa del Presidente y, además, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha reportado un déficit en el País de 103 mil médicos, 250 mil enfermeras y 70 mil especialistas.
Tuvieron algunas reuniones, pero en la última, el 24 de agosto, el Coordinador de Recursos Humanos del Insabi, Candelario Pérez, les dijo que el dinero para la basificación se había destinado para el Covid-19.
«Nos comentó el maestro Candelario que no había una respuesta concreta o favorable para nosotros, porque los recursos que iban a ser destinados para nuestra recontratación o reubicación, como el Presidente lo prometió, se habían destinado nuevamente a la contingencia», menciona Alvarado.
El Covid-19 también ha sido utilizado por el Presidente López Obrador para explicar el nulo avance de la basificación. En su gira de finales de agosto por Chiapas, los trabajadores de la salud lo persiguieron en cada uno de sus eventos, igual que la CNTE, recordándole su promesa, hasta que en Huixtla, López Obrador volvió a prometerlo.
«Los vamos a ir regularizando sin influyentismo», señaló. Sin embargo, los agremiados de Trabajadores de Contrato de Chiapas planean una manifestación de nuevo el 3 de octubre en el Zócalo.
Tabasco:’Desde el principio hubo cosas raras’
Cristina M., una enfermera de 25 años de Tabasco, sospechó que el Insabi no la había contratado cuando notó que su salario era distinto al de sus compañeros. Lo confirmó en la oficina virtual del ISSSTE (Sinavid) y apareció con registro en la Sedena.
Había respondido a una convocatoria de personal contra el Covid-19 y fue asignada al Hospital de la Sedena de Comalcalco con la promesa de que su contrato sería por el Insabi.
«Ahí nos dimos cuenta que éramos subcontratados y de hecho desde un principio hubo cosas raras, por ejemplo, nunca se nos dio una copia de nuestro contrato y todo este tiempo se nos estuvo pagando en efectivo», dice.
Tras tres contratos que cubrieron del 1 de abril de 2020 al 15 de junio de 2021, donde trabajó supliendo a personal de base, sin vacaciones ni días festivos, Cristina M. no está segura de quién la contrató.
Lo cierto es que está desempleada, a pesar de la promesa del Presidente López Obrador de que ningún trabajador contratado durante la pandemia perdería su empleo, pues heredó un déficit de personal de salud.
La unidad médica de la Sedena en Villahermosa se disolvió con la baja de casos de Covid y la de Comalcalco fue retomada por la Secretaría de Salud del estado, pero ya no le llamaron ni a ella ni a otros 10 compañeros. Sin embargo, asegura que algunos de esos colegas, que ya no cobran, siguen registrados en la página del Insabi.
«Ellos siguen estando activos, pero no cobran, sin embargo también les llegan los correos del SAT, como si estuvieran percibiendo», menciona.
Cristina M. no aceptó que se publique su nombre completo, pues aún confía en la promesa del Presidente de que obtendrán una base.
«Es cierto que primero nos dijeron que sería eventual, pero luego dijeron que sería definitivo y además la pandemia no ha terminado», sostiene.
Michoacán: Exculpa al Presidente
Jessica M., una enfermera de 34 años de Michoacán, ha escuchado varias veces la promesa del Presidente López Obrador de que el personal médico que atendió el Covid-19 no sería despedido. Y ella, que ya no fue contratada, lo cree, pero considera que el Presidente está muy ocupado para darse cuenta de que sus órdenes no han sido cumplidas.
«Es que él lo sigue repitiendo y repitiendo, sin embargo creo que es muy complicado para él hacerse cargo de todo», dice.
Jessica firmó tres contratos eventuales, sin prestaciones, entre el 1 de abril de 2020 al 15 de junio de 2021 supuestamente con el Insabi, aunque fue asignada al Hospital del ISSSTE de Morelia, que coordinó la Sedena.
Al cabo, acusa, nadie se quiere hacer responsable, pues el Insabi dice que no trabajó para ellos sino para la Sedena y viceversa. El problema es que nunca le dieron copia de los contratos.
«Fuimos a la Ciudad de México, entregamos un pliego petitorio y hablamos directamente con el director de Recursos Humanos del Insabi, con el maestro Candelario Pérez, y nos dijo que el asunto de nuestra contratación es federal, pero que esperemos a las siguientes convocatorias que se abran. El hecho es que estamos desempleados», señala.
Ella sabe de unas 150 personas que trabajaron por contrato en Michoacán, supliendo al personal de base que se consideró en riesgo para enfrentar al Covid-19, algunos de ellos se manifestaron el lunes en Morelia.
«¿Y todo para qué, si fuimos los primeros desempleados?», se pregunta.
Durango: ‘Hay déficit de personal’
Juana María Reza Escobedo, licenciada en recursos humanos de 46 años, siempre ha estado a la deriva. Antes, trabajaba en el censo del Inegi por contrato. Vino la pandemia del Covid-19 y entró como capturista en la farmacia del hospital de la Sedena en Gómez Palacio, Durango.
Cada cuatro meses le hacían firmar un nuevo contrato para que no generara antigüedad y la botaron el 15 de junio.
«A los médicos y enfermeras ya les llamaron hace 15 días, pero a los administrativos o servicios generales, que somos como 35, ya no nos dijeron nada y eso que lo había dicho el Presidente», lamenta.
El 27 de de marzo pasado, López Obrador fue a Gómez Palacio y los trabajadores eventuales, como María Reza, lo buscaron.
«Todos los que hayan trabajado a partir de la pandemia se quedan, para que en la medida que podamos se les basifique», les dijo, según un video del encuentro. Pero eso no ha pasado, ella está desempleada.
Claro, acepta, nadie les obligó a arriesgar su vida, pero les prometieron que habría contratos.
«Desde mi punto de vista, creo que sí hay capacidad de que nos contrate, porque hay déficit de personal, simplemente lo está gastando en otras cosas, entre los ninis o personas adultas, porque entre eso se redujo el porcentaje que es para la salud y eso que ahorita ya volvió el rebrote de Covid», reprocha.
Mientras tanto, manda currículums aquí y allá, con el temor de que su edad no le ayude.
«En el INE, si Dios quiere, el año que entra que va a haber elecciones, voy a meter papelería ahí, voy a presentar exámenes, entrevistas, son cinco meses laborando, pero pues ya es algo, me ayuda…».
CDMX: Ven humillante su situación
En siete años ha firmado unos 28 contratos laborales, uno cada tres meses para que no genere antigüedad, en ninguno de ellos le han dado prestaciones. Algunas veces, incluso, ha firmado contratos por tres o cuatro días de trabajo.
Como trabajadora por honorarios, Victoria Pérez Cariño, técnica radióloga de 37 años de la Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa, para pacientes con VIH, no tiene seguro médico, vales de despensa ni vacaciones.
Gana 10 mil pesos mensuales y para completar su salario se dedica también al comercio.
«Es una actividad extra muy común entre los trabajadores de la salud, te puedo asegurar que hasta médicos hacen esto», afirma.
Encima de todo, siempre está la posibilidad del despido, pero Victoria Pérez es representante de Motrasesaba en la Ciudad de México.
«Es difícil para nosotros aguantar estas humillaciones, porque al final son humillaciones», dice.
A pesar de todo, tiene confianza todavía en la promesa del Presidente López Obrador de que se basificarán a todos los trabajadores eventuales. Sólo en la Capital, ella calcula 7 mil.
Hace unas semanas se manifestó en Palacio Nacional, donde entregó una carta para el Presidente, donde le contaba de su admiración, pero le recordaba su promesa: «Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador ya no tenga a estos héroes como usted los llama en el olvido».
Puebla: No creen que haya basificación
«No creo que haya regularización laboral, la verdad, soy sincero, porque ya muchas veces nos han dicho que nos van a basificar no nada más el Presidente, también el Secretario de Salud, los gobernadores, los sindicatos y no pasa nada», dice Miguel Ángel Uriarte Serrano, médico en el Hospital General de Huejotzingo, Puebla.
El último contrato que firmó fue el 1 de julio, por 6 mil 412 pesos quincenales y duración de seis meses. Sin embargo, se siente con suerte, pues habla de una empleada con 18 años trabajando por contrato. Como es administrativa, la ponen a veces en la lavandería, a veces como secretaria, a veces como cocinera y su sueldo nunca ha subido de 2 mil 800 pesos quincenales.
Uriarte, representante en Puebla de Motrasesaba, afirma que hay otros médicos que mandan a Cuetzalan, Zacapoaxtla o a Zapotitlán por 2 mil 500 pesos o 2 mil 800 pesos quincenales y que todavía confían en la promesa del Presidente de que se dará un bono para quienes trabajan en los lugares más apartados.
Afirma que en Puebla existen 7 mil 746 trabajadores eventuales y que desde hace años hay algunas basificaciones, pero el problema es que las plazas se reparten entre el sindicato y los Servicios de Salud de Puebla.
«Ahora he escuchado que dicen que a nivel nacional se han basificado a 7 mil, pero preguntando en el Movimiento no hemos encontrado a nadie que haya sido basificado», acusa.
Otro problema, agrega, es que no les dan copia de sus contratos y desde que el Presidente prometió la basificación y federalizar los servicios de Salud, en Puebla ya no quieren hacerse responsables, pues dicen que es un asunto federal.
Para completar su sueldo, el doctor Uriarte labora también en una clínica privada. En 2018 se rompió el tendón de Aquiles, y como no tiene seguridad social, se pagó él mismo la cirugía.
Miguel Angel Sayago, también de Puebla, con seis años trabajando como eventual, enumera todas las prestaciones que no tiene: servicio médico, derechos de antigüedad, bonos especiales, cuatro periodos vacacionales que sí reciben los de base.
«Firmamos un contrato de seis meses y se elimina el anterior», asegura.
Oaxaca: Cambiaron destino de recursos
Alejandra Alvarado, una enfermera especialista de Juchitán, Oaxaca, y otros 30 compañeros, hicieron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México para recordarle al Presidente López Obrador su promesa de que el personal médico contratado contra el Covid-19 no iba a ser despedido.
Estuvieron del 17 de junio al 2 de julio, pero lo más que consiguieron fue una reunión con el Coordinador de Recursos Humanos del Insabi, Candelario Pérez, que, según les informó, el dinero para su basificación se había destinado para seguir combatiendo el Covid-19.
«Nos comentó que los recursos que iban a ser destinados para nuestra recontratación o reubicación, como el Presidente lo prometió, se habían destinado nuevamente a contingencia», dice Alvarado.
Había trabajado del 1 abril de 2020 al 15 de junio de 2021 en el Hospital Materno Infantil Insabi 25. Le daban contratos eventuales de menos de seis meses para que no generara antigüedad. Cuando estaba a punto de acabar su último contrato les hicieron llevar sus papeles para una recontratación y al final les dijeron que esperaran un mes. Así que fueron hasta el Zócalo.
«Veíamos entrar y salir al Presidente, pero nunca pudimos hablar con él».
Recuerda también que los trabajadores eventuales suplieron a los de base que por su edad estaban en riesgo o que pidieron licencia durante la pandemia.
«Nosotros dijimos: aquí estamos y se nos hace un poco injusto que nos traten así, sobre todo cuando la pandemia sigue y el Presidente prometió que no habría despidos. Es más, que nos iban a basificar».
Durante el plantón, el Presidente repitió su promesa adentro de Palacio Nacional. «Por eso es que yo creo que no va a cumplirnos, porque nos vio, supo de nosotros», dijo.
Chiapas: ‘Estamos en espera de respuesta’
El último fin de semana de agosto, el Presidente López Obrador visitó Chiapas. Todos los días, el Consejo Estatal de Trabajadores de Contrato del Instituto de Salud de Chiapas (CETCISECH) lo persiguió para entregarle cartas.
En todas le decían que en el estado hay 8 mil 748 trabajadores eventuales, la mayoría con más de medio año de antigüedad, por lo que tienen derecho a ser considerados de base.
«Pero más aun, que fue una promesa de campaña y posterior compromiso que usted divulgó de que en su gobierno se realizaría la basificación del personal de contrato o eventual de la Secretaría de Salud, misma que hasta la fecha no se ha visto concretada», le decían en la carta.
«Apóyenos, Presidente», le dijo la enfermera Anahí Ruiz, en el Hospital General de Huixtla, donde ha trabajado por siete años, aunque sin base.
«Vamos a seguir apoyando», respondió el Presidente y le chocó el puño.
«Nos manifestamos de la manera más pacífica y le dimos un montón de cartas y todas dicen lo mismo y ahorita estamos en espera de la respuesta», dice Anahí Ruiz, que labora con un contrato «por tiempo indefinido».
Indefinido significa que no tiene que renovarlo cada tres meses, pero que se puede acabar mañana mismo.
«Trabajar como eventual significa ser una sombra», asegura la representante del Consejo. Eso significa no tener seguridad social, becas para seguir estudiando, pagos extraordinarios, compensaciones, prima vacacional o compensación por laborar en comunidades de bajo desarrollo.
Sin embargo, Anahí Ruiz tiene confianza en la oferta del Presidente.
«Yo creo que él da la orden, pero tampoco es que estemos para exigirle por qué se ha tardado tanto. Más bien hay que hacerle hincapié, recordarle, como que fastidiarlo para que llegue el momento y diga: ‘bueno, ya les voy a dar la basificación'».
Aun así, el 4 de octubre el CETCISECH planea manifestarse en el Zócalo.
