No creo que en algún momento de los gobiernos post revolucionarios, hayamos estado en un riego tan grande de perder nuestra democracia y nuestras instituciones como frente a este gobierno de cuarta. Los indicios de la tiranía son evidentes y si no los marcamos y nos volvemos entes actuantes en defensa de la Patria, lo vamos a lamentar, sobre todo, las nuevas generaciones de mexicanos a los que les habremos heredado, por omisión, un México dictatorial en su peor expresión que es la personalidad mitómana de amlo y no la del generalísimo Porfirio Díaz.
Espanta que el Secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, abiertamente e infringiendo todo los códigos de ética militar, invite -aunque sonó a orden- que “crean y apoyen a la cuarta transformación que, como las otras tres, busca el bien de México”… palabras más palabra menos, es como si los curas se inmiscuyeran en la vida política de nuestro país.
El jefe de las milicias mexicanas, lo hace porque prácticamente López le ha entregado todo el control del trasiego de drogas al ejército (aeropuertos, puertos, carreteras, aduanas etc), pero además, las obras más importantes de su gobierno, han sido concesionadas al grupo castrense convirtiéndolo en una SA de CV y aumentando su poder dentro del ámbito civil ¿qué le exigen ahora esas fuerzas armadas al “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, pues que blinde todas las asignaciones y por eso, el peje emitió el “decretazo”.
Ese decreto que no acuerdo -habría que explicarle al peje la diferencia y además que es de observancia general y no interno- prohíbe que usted o yo o cualquier mexicano, pueda inconformarse porque una obra del gobierno federal que ahora es considerada como tema de Seguridad Nacional, afecte su patrimonio o pida información sobre su proceso de licitación o pueda ampararse por esas afectaciones.
Al contravenir varios artículos de la Constitución mexicana, es susceptible de que, como ocurrirá en breve, haya recursos de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. El primero de los órganos autónomos que actuará en consecuencia es justamente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) que interpondrá un controversial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), justamente por contravenir el derecho humano de la información.
Pero no será la única. También la Barra Mexicana de Abogados (BMA), calificó de ILEGAL el decreto y al través de un comunicado afirmó que dicho “decretazo” va en contra del orden jurídico de México: “manifestamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico nacional por que es ilegal y tiene una deficiente e incorrecta fundamentación”, dijo la BMA.
La Confederación de Cámara Industriales (CONCAMIN), hizo lo propio al advertir que la opacidad, corrupción, dedazo e intereses personales en las obras y compras gubernamentales, limitarán la participación del sector privado. También el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su fuerte preocupación por el decreto que considera violatorio de diversas disposiciones constitucionales e invade las facultades del poder legislativos y, sobre todo, puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción.
Y es que equiparar los proyectos federales con asuntos de seguridad nacional evade normas constitucionales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia, el acceso a la información pública, la libre concurrencia y licitaciones que garanticen las mejores contrataciones.
Opacidad, discrecionalidad, corrupción y un atentado a la Constitución es el “decretazo” que el peje lanzó el lunes pasado y y que prendió todas las alarmas incluso en la Cámara de Diputados donde las fracciones parlamentarias de los tres partidos de oposición lanzarán acciones de inconstitucionalidad al la SCJN.
A su juicio el “decreto” que el peje dice que es “acuerdo”, viola
La división de poderes porque pretende imponerse indebidamente sobre el Congreso de la Unión.
Disposiciones de competencia económica en tanto genera la competencia desleal.
Disposiciones en materia ambiental, particularmente el derecho humano al medio ambiente, la autorización previa en materia de impacto ambiental y disposiciones sobre el desarrollo sustentable.
Disposiciones en el debido proceso.
Disposiciones en materia de consulta previa, tanto ambiental como indígena y otros procesos sociales y agrarios.
Disposiciones en materia de progresividad en Derechos Humanos.
Cómo podemos darnos cuenta, el peje, a sabiendas de que su “acuerdo” viola flagrantemente la Constitución y como si fuera un ladrón, en lo oscurito, manda publicar ese decreto el domingo para que pudiera pasar desapercibido, cosa que no sucedió. ¡Aguas mexicano, estamos al borde de la tiranía!.
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