¿Vamos hacia un narco estado?, para muchos estamos en esa ruta, pero para otros ya vivimos en uno procurado desde las más altas esferas del poder en México y no de este sexenio sino de otros atrás
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Sin embargo, nunca antes habríamos sentido en la sociedad el poder de los capos de la droga que, literalmente tienen secuestradas a las sociedades de nuestro país; en cada rincón del estado ¿, las células del narcotráfico cobran derecho de piso, asesinan a empresarios que no quieren pagar, a periodistas que consignan sus fechorías y llevan ya, en solo tres años de la “estrategia” de abrazos, no balazos más de 105 mil muertes violentas.
Claro que el peje tiene otros datos, pero no son los correctos. La vida democrática en nuestro país, se ha visto amenazada no solo desde los embates al INE por parte del Gobierno Federal, sino en la intromisión del narcotráfico en pa vida electoral de nuestra nación.
El exgobernador de Michoacán Silviano Aureoles, le puso el cascabel al gato. Denunció la presencia del crimen organizado en su estado, la documentó y trató de exponerla a la Fiscalía General de la República y al “presidente”, así en minúsculas y entre comillas pero éste lo dejó esperando en el zócalo de la capital mexicana.
No obstante, la alianza opositora conformada por el PAN, el PRI y el PRD, documentó la participación del crimen organizado en la elección de junio de 2021 y presentó sus quejas, no en México sino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.
El crimen organizado, impuso candidatos, amenazó o asesinó a los que no tenían su anuencia y operó el día de la elección con levantones y llenado de urnas para asegurar triunfos en al menos siete estados del país, esto de acuerdo a la denuncia presentada por la alianza opositora, ante la CIDH y la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna”, afirma la alianza opositora en el expediente, que detalla cómo fueron asesinados 27 candidatos en el pasado proceso electoral 2021.
“Las amenazas se hicieron extensivas a la post elección mediante una impuesta ley del silencio sobre todo lo que había ocurrido”, puntualiza el documento. Dicho expediente señala que la violencia y asesinatos ocurrieron en casi todo el país, pero los más de 30 ejemplos se concentran en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Guanajuato.
El expediente menciona el caso de una candidata a diputada por Culiacán quien previo a la elección fue secuestrada y llevada ante el supuesto jefe de una banda criminal que argumentó que su detención era “para evitar la compra de votos”; ese mismo día habían levantado a otros 20 operadores del PRI.
En Sinaloa, el hampa organizada amenazó a representantes de partidos y a funcionarios de casillas, las cuales fueron rellenadas a punta de pistola a favor de morena. El expediente que cuenta con cientos de testimonios y denuncias de militantes, asegura que la muestra más fuerte de la violencia fueron las cabezas humanas lanzadas en la casilla número 1440 en Tijuana Baja California.
Mientras todo esto pasaba en la República, la mañanera del 7 de junio de 2021, el “presidente” declaró que “en general los que pertenecen a la delincuencia organizada, se portaron bien”, como colofón a una jornada donde hubo muertes, familias enlutadas y mexicanos asesinados por los grupos que, pareciera, son protegidos por Andrés Manuel.
Este año hay elecciones en 6 estado de la República para renovar sus gobiernos y la constante puede ser la misma a pesar de la denuncia del frente opositor, porque es evidente la protección que, desde las más altas esferas del poder, se le brinda a los capos de la droga en México, al grado de que, uno de los más poderosos, Ovidio Guzmán, fue liberado por instrucciones del propio peje.
¿Vivimos en un narco estado?…
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