Oaxaca, Oax. Con el objetivo de fortalecer las definiciones, el ámbito de protección y las penalidades a que se hace acreedora aquella persona que cometa delitos en contra de la libertad de expresión, la diputada integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional Liz Concha, propuso reformas y adiciones a los artículos 424 y 425 del Código Penal del Estado de Oaxaca.
Al exponer los fundamentos y razones de su iniciativa ante el Pleno de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Liz Concha calificó como insostenible la escalada de violencia que padecen los trabajadores de la información en todos los rincones del país.
“La falta de Estado de Derecho, y la perniciosa decisión del Titular del Poder Ejecutivo Federal de increpar a medios informativos y periodistas en un contexto en el que ya de por sí padecen serias amenazas, constituye un caldo de cultivo perfecto para esta perturbadora realidad: en los poco más de cincuenta días que lleva transcurridos el año 2022, en México han sido asesinados cinco periodistas”, lamentó.
Ante esa realidad, Liz Concha recordó que los tiempos en los que sólo se podía escuchar una sola voz, y en los que existía la censura previa, o aún peor, la autocensura desde del poder político, quedaron atrás en México, a pesar de que hoy existen políticos que parecen decididos a revivir esos tiempos.
El flagelo que ahora debemos combatir y erradicar juntos, desde todos los frentes, dijo Liz Concha, es el de la impunidad que día a día se convierte en una invitación a querer acallar las voces que se consideran críticas no sólo desde los espacios públicos, sino desde aquellos poderes fácticos que se sienten amenazados por la labor informativa, y que gracias a la falta de Estado de Derecho se sienten libremente en la posibilidad de ejercer la violencia sin temor a las consecuencias. Debemos hacer lo necesario para terminar con eso.
Ante ello, propuso reformas y adiciones al Código Penal del Estado de Oaxaca, para armonizarlo con el Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, pero también, con los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido al respecto.
Asimismo, en dicha propuesta se incluye ampliar el catálogo de conductas a partir de las cuales se puede cometer delitos en contra de la libertad de expresión, incluyendo para ello las amenazas, los ataques y descalificaciones que se emiten en contra de comunicadores incluso, dando a conocer datos personales. Por ello, resulta fundamental también aumentar la sanción pecuniaria en su límite mínimo, pero también, agravar las penas cuando esos delitos sean cometidos por servidores públicos.
Liz Concha llamó a actuar desde todos los frentes para acabar con este marco de impunidad que lastima a la libertad de expresión, y que coloca a México entre los cinco países de mayor riesgo para el ejercicio de la actividad periodística.
