El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se atrevió a algo que no hizo su tan criticado antecesor, Enrique Peña Nieto: asegurar que no hay indicios de que estén vivos los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en septiembre de 2014.
Washington Post
AMLO y sus hoy funcionarios hicieron su campaña electoral para la presidencia montados en el doloroso caso, juguetearon con la idea de que podrían estar vivos, dieron falsas esperanzas a las familias de los desaparecidos y alentaron versiones de que podrían estar hasta en un campo militar. Al final, ocho años después de los hechos y cuatro años después de tomar el poder y prometer encontrar la verdad, el informe que presentaron la semana pasada terminó concluyendo más o menos lo mismo que el del gobierno anterior: a los jóvenes los secuestraron, los asesinaron y escondieron sus restos.
Cuando el gobierno de Peña Nieto llegó a esa conclusión, con prisa y soberbia la calificó como “la verdad histórica”. Ahí comenzó una crisis de la que nunca pudo ni supo salir. La respuesta tardía, sumada a la complicidad entre autoridades de los tres órdenes de gobierno con grupos de la delincuencia, pusieron en jaque a una administración que se presentaba ante el mundo como moderna y transformadora. Hoy, ese desaseo institucional y esos errores durante la investigación parecen repetirse, pero con un agravante: los funcionarios actuales tuvieron la ventaja de actuar a años de distancia, con la claridad que solamente da el tiempo, y sin el peso de la responsabilidad y la culpa.
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El informe que presentó el gobierno de AMLO hace unos días es una suerte de nueva verdad histórica que se sostiene en los mismos cimientos que la del sexenio anterior. Las investigaciones son endebles, hay persecuciones más acercadas a vendettas políticas que a justicia real, y no queda claro quiénes son los culpables de lo que sucedió esa noche.
Las conclusiones no fueron avaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que incluso pidió al gobierno que le mostrara las pruebas después de haber sido divulgadas. Esto pese a que el gobierno de AMLO había dicho que trabajaría con el grupo hombro a hombro.
Un día después de presentar dichas conclusiones, en medio de la polémica por su parecido con la vilipendiada “verdad histórica”, el gobierno de AMLO aprehendió al encargado de la investigación el sexenio pasado: el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de tortura, desaparición y acciones en contra de la administración de justicia (no haber realizado pulcramente la indagatoria). Expertos ya han señalado que las acusaciones contra el exprocurador cuelgan de un hilo muy delgado que en cualquier momento puede romperse: si Murillo queda libre por orden de un juez sería un escandaloso fracaso para el gobierno, por lo que el presidente insistiría en su ataque a los jueces y tendría que echar mano de sus conocidas influencias en el poder Judicial para evitarlo.
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Al igual que en 2014, en el gobierno de Peña Nieto, la Fiscalía General de la República y los funcionarios están más enfocados en brindarle oxígeno político a la administración de AMLO que en armar una investigación sólida que se pueda sostener. Al igual que en ese año, queda exhibida la simulación con la que opera el Estado mexicano y la ausencia de una respuesta contundente y articulada desde las instituciones ante un hecho que lastima e indigna profundamente a la sociedad.
No son las únicas coincidencias. En 2014, el gobierno de Peña Nieto colapsó cuando, con diferencia de unos meses, fueron desaparecidos los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y se denunció que el presidente era propietario de la llamada “Casa blanca”, una lujosa vivienda obtenida a través de un contratista amigo. Este 2022, AMLO, con diferencia de meses, ha tenido que enfrentar el escándalo de la “Casa gris” en la que vivía su hijo José Ramón López en Houston, Texas, propiedad de un alto ejecutivo de una empresa cuyos contratos con el gobierno se han multiplicado en esta administración, y la decepción e indignación por sus conclusiones en el caso Ayotzinapa.
La “Casa blanca” de Peña Nieto puso en evidencia la compleja red de confabulaciones y beneficios de los cuales se favorece la clase política mexicana. La “Casa gris” del hijo de López Obrador demuestra que nada ha cambiado. En 2014, el gobierno tropezó en las explicaciones, prefirió darle vuelta a la hoja y no investigar a fondo. En 2022, es exactamente lo mismo.
Una casa y 43 estudiantes parecen ser fantasmas que persiguen a dos gobiernos sucesivos. En el fondo, estos fantasmas son la corrupción y la impunidad, además de la incapacidad para administrar justicia a través de investigaciones profesionales y pulcras. Estos fantasmas continúan atormentando a las administraciones federales en México.
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AMLO insiste con su retórica de que encabeza una gran transformación. Lo mismo decía Peña Nieto tras lograr la aprobación de reformas estructurales en el llamado Pacto por México. A los dos les ganó la realidad: un país que permanece estático ante los problemas, infestado por actos de corrupción en todos los niveles, y bajo un manto de impunidad que cubre a amigos y familiares del presidente en turno.
La incapacidad del gobierno obradorista de aprender de los errores de sus antecesores, aunada a la desesperada búsqueda de un acierto que le permita llegar a la sucesión presidencial del 2024 con algo que presumir al electorado, mueven las arenas en las que AMLO sigue pataleando.
Publicado en https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/08/29/murillo-karam-ayotzinapa-amlo-casa-gris-pena-nieto/?utm_campaign=wp_post_opinion&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_postopinion&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-tr%2F37c89aa%2F630e11261930ae1d206f6e8e%2F5d6cda1cae7e8a44d24f5995%2F8%2F43%2F630e11261930ae1d206f6e8e&wp_cu=d5777d265e22b5f8baad680db95ce5cf%7C918EC7F571EF6857E0530100007FE602
