EL ECONOMISTA
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF2023), destaca por su incremento en términos reales del 10%, respecto al ejercido en 2022 al estimar un gasto neto de 8.3 billones de pesos cuyos supuestos son tan optimistas que, de cara a la realidad, forzarán a ejercer el próximo año recortes presupuestales que impactarán negativamente en la economía. Pese a su magnitud, parece que los recursos propuestos poco aportarán a generar efectos multiplicadores que impulsen nuestra competitividad. Mariana Mazzucato, fundadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público en el Reino Unido, ha señalado la necesidad de repensar el valor y el propósito de las burocracias con el fin de que sean instrumentos creativos para incentivar la transformación de los sistemas en favor del desarrollo económico de largo plazo.
Lo anterior viene a cuento después de los desastrosos lugares que ha ocupado México en el Índice Mundial de Competitividad del Institute for Management Development de Lausanne, Suiza. Actualmente, nuestro país ocupa el deshonroso lugar 55 de 63 analizados, sólo arriba de países como Jordania o Mongolia. Los subcomponentes del índice dan cuenta del estado en que se encuentran los motores que impulsan las condiciones de México para atraer y retener inversión y talento. Por ejemplo: en el subcomponente de desempeño económico ocupamos el lugar 27 –quizá no tan vergonzoso–, pero en materia de desempeño gubernamental nuestro país queda en el lugar 60, mientras que en infraestructura estamos en el 59, sólo arriba de Botswana o Venezuela. En eficiencia empresarial, hay que decir que estamos en el lugar 47, quizá el motor que funciona mejor. De estos cuatro componentes, por lo menos en tres el ejercicio de gobierno tiene una función primordial. Por ello es pertinente evaluar si las partidas del PPEF2023 apoyarán al país para corregir el rumbo, pues como reza el dicho: un presupuesto es una muestra numérica de las prioridades de un gobierno y de su ideología.
En 2021, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social estimó que entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, y el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones. En términos de carencias sociales, detectó que los mayores aumentos fueron en acceso a servicios de salud y a rezagos educativos. De lo anterior se comprende, entonces, que el PPEF2023 plantea atinadamente aumentos en relación al 2022 del 14.4% y del 6.5% en dichos rubros, respectivamente y en términos reales. Sin embargo, aunque parezca positivo, esto resulta insuficiente pues no compensa el rezago que se ha dado en este sexenio. Tan solo en infraestructura educativa entre 2018 y 2022 el presupuesto asignado decreció 14.6% en términos reales, mientras que el gasto del Insabi no ha recuperado sus niveles previos a 2018, cuando era Seguro Popular. Además, los esfuerzos por suplir al Insabi con IMSS-Bienestar no alcanzan para recuperar el gasto de atención a las personas sin seguridad social, como señala el think tank, México Evalúa.
Por otro lado, el presupuesto para la Secretaría de Economía propone dejar el presupuesto igual en términos reales al 2022, lo que palidece frente al recurso que se propone destinar a las obras emblemáticas de este sexenio que no pronostican rentabilidad futura, como el Tren Maya, al que se le piensa dotar de 143 mdp, un crecimiento de 126% respecto a 2022. Es claro que al Ejecutivo Federal le urge inaugurar su proyecto, cueste lo que cueste. Por otro lado, en materia de ciencia y tecnología se propone destinar 31.6 mmdp, que si bien implica un aumento del 13.6% real frente a 2022, dichos recursos están muy lejos de impactar positivamente en la innovación y la productividad del país. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2019 el presupuesto ejecutado en investigación y desarrollo por los tres niveles de gobierno en México ascendió al 0.22% del Producto Interno Bruto, lo que nos coloca muy lejos de líderes, como Corea del Sur cuyo gobierno gasta aproximadamente 1% del PIB. Incluso, Argentina, invierte el doble de México en este rubro. México cuenta con aproximadamente 4.7 investigadores por cada 100 mil habitantes, proporción muy pequeña; Chile, por ejemplo, registra 8.6 por cada 100 mil habitantes. Más grave aún, durante esta administración, y como en ningún otro momento histórico, los incentivos tanto políticos como económicos para invertir en este rubro están seriamente disminuidos, lo que impactará en el largo plazo negativamente; México aparece estancado en el desarrollo de sus sistemas de innovación desde hace más de diez años, como lo señala el Indice Global de Innovación 2021.
Y, por si lo anterior fuera poco, la prioridad que el gobierno federal ha concedido a las energías fósiles y a las empresas productivas del Estado –en perjuicio de las empresas privadas y la inversión en más energías renovables, que deberían ser el pivote para apuntalar el crecimiento– retrasa el camino hacia una transición energética efectiva y justa que brinde condiciones para el acceso a energía limpia, barata y continua. Parafraseando a Mazzucato, no es correcto arrojar dinero a los problemas, hay que rediseñar los fondos públicos para no solo resolver sino para construir sistemas que generen valor para las generaciones futuras. ¡Qué lejos está el PPEF2023 de ese paradigma!
