La Juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, Karla María Macías, concedió este lunes la suspensión definitiva que frena la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y dejarla por ahora bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Jorge Monroy / EL ECONOMISTA
La Juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, concedió este lunes la suspensión definitiva que frena la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y dejarla por ahora bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
«Único. Se concede la suspensión definitiva. Sin necesidad de otorgar garantía”, determinó la juez al amparo iniciado por Ángel Castro Gómez, representante de la organización Uniendo Caminos México.
De esa forma, a pesar de que la semana pasada un tribunal revocó la suspensión provisional que otorgó inicialmente la juez Macías, la juzgadora otorgó este lunes la suspensión definitiva.
La semana pasada el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Guanajuato revocó la suspensión temporal que había otorgado la jueza el pasado 10 de octubre para frenar la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Sedena.
Esto previo a que a Fiscalía General de la República (FGR) interpuso una queja contra la suspensión provisional que otorgó la misma Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato.
El magistrado Gerardo Mendoza argumentó además que el recurso de amparo iniciado por Castro Gómez era improcedente porque no demostró tener un interés jurídico o legítimo en el acto administrativo aprobado por legisladores de Morena y aliados en el Congreso de la Unión.
De esa forma, el Segundo Tribunal Colegiado negó a Castro Gómez el derecho de interponer un recurso de amparo contra el ordenamiento de transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena.
Cabe destacar que otras organizaciones como Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México, Unión Cívica 1 país, la firma jurídica AC&AC Asociados y Tojil Eeek han promovido hasta 53 amparos más en contra de dicho ordenamiento.
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