Un salario decente no generará mayor inflación, insisten el gobierno federal y sindicatos. Pero las empresas señalan que además de salarios más altos, el siguiente año deberán pagar una mayor prima vacacional y 1% más para el fondo de pensiones.
Por Blanca Juárez / EL ECONOMISTA
A pesar de que los últimos aumentos casi duplicaron el monto que se tenía en 2018, México continúa teniendo uno de los salarios mínimos más bajos del continente. Y “no existen razones jurídicas, éticas, ni económicas” que impidan un mayor avance, señala una parte del sector obrero, por lo que piden un incremento de 25% para el 2023.
Las propuestas de aumento han comenzado a llegar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Este martes, representantes de diversos sindicatos enviaron la suya a ambas instancias. Aunque las empresas todavía no presentan su planteamiento de manera oficial, han dado a conocer que su oferta es de 15 por ciento.
La meta del gobierno federal, el tercer actor en esta negociación, es dejar el Salario Mínimo General (SMG) en 260 pesos al final del sexenio, en 2024. Este año el monto para la mayor parte del país es de 172.87 pesos diarios.
“Aunque ya empieza a bajar la inflación, tenemos que cuidar que los aumentos no la disparen y reduzca el poder adquisitivo de los salarios. Lo segundo es que si lo subimos demasiado rápido podría provocar que muchos trabajadores se vayan a la informalidad”, dice en entrevista José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Si bien es cierto, que hay tener cuidado por la inflación, no debe utilizarse” ésta “como pretexto para no aumentar el salario. Porque es una gran mentira, o sea, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal que no aumentaban el salario porque iba a haber inflación; no se midieron éstos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina del 8 de noviembre.
Para la Confederación de la Trabajadores de México (CTM), los incrementos de los últimos años han demostrado ya que este tipo de ajustes no generan ningún efecto negativo.
En entrevista, José Luis Carazo Preciado, representante de esa central obrera ante la Conasami, pide recordar que desde 2011 los tres sectores iniciaron un proceso para desindexar el SMG “de más de 860 ordenamientos jurídicos estrechamente ligados a cuestiones económicas”. Ese vínculo que se tenía, subraya, sí generaba inflación.
Tres presiones financieras para las empresas
“La propuesta del sector empresarial es cubrir la parte inflacionaria” en general para los dos salarios mínimos que se tienen en México, el de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y el de la mayor parte del país, dice José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex. En las ciudades fronterizas, el referente actualmente se ubica en 260.34 pesos diarios.
“Pero para el caso del salario mínimo del resto del país, el aumento sería de 9% para que cubra un poco más que la inflación y que el Monto Independiente de Recuperación (MIR) permita aproximadamente otros 6 puntos más para llegar a un aumento de 15%”, detalla.
Para la Coparmex, hay otros dos elementos que podrían presionar a algunas empresas el próximo año. Uno de ellos es el posible, demandado y necesario aumento en los días de vacaciones, de seis a 12 días como mínimo, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que ya aprobó el Senado de la República y que está en revisión en la Cámara de Diputados.
México es de los países de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE) con menos días de descanso y más con más estrés laboral, por encima de China.
“Se ha pedido que sea de manera gradual, sobre todo para apoyar a las micro y pequeñas empresas. Y que no se tomen todos los días de vacaciones de manera continua para darle flexibilidad a los trabajadores y a las empresas, las cuales tendrán que pagar un aumento en la prima vacacional”, explicó el líder del sector patronal.
El tercer factor es que la reforma de pensiones que se aprobó en 2020 entrará en vigor en enero de 2023. “El sector empresarial aportará 8% más al fondo de pensiones de manera gradual, 1% por año durante 8 años” y el proceso comienza el siguiente.
La apuesta, señala, “es tener una mejor remuneración, como parte de la justicia para el trabajador, pero
lograr una mayor productividad y competitividad. Que las empresas puedan seguir creciendo y ofreciendo mejores condiciones”.
