Por Luis Manuel Gonzales / EL ECONOMISTA
Un cuarto de siglo tiene nuestro sistema de pensiones y todavía sigue buscando la cuadratura al círculo. Destaca por su enorme musculatura financiera: Administra recursos por 4 billones 972,000 millones de pesos, equivalentes a casi 20 puntos del PIB. Su fuerza se deja sentir en los mercados de deuda gubernamental y en las emisiones de deuda privada. Esos 20 puntos son una de las claves de nuestra estabilidad macroeconómica y financiera. No los tuvo Ernesto Zedillo, cuando enfrentó la crisis del Tequila, en 94-95.
El sistema de pensiones, sin duda, es fortachón, pero muestra sus debilidades cuando nos preguntamos por su impacto en pensiones de retiro dignas: la tasa de reemplazo es apenas de 42%, esto quiere decir que un trabajador que trabajara más de dos décadas en la economía formal, tendría una pensión mensual equivalente a 42% de su salario promedio, suponiendo que no haya hecho retiros anticipados.
Algunas cosas cambiarán con la reforma que se hizo en el 2020. Quizá lo más importante es que se incrementa la aportación patronal a las pensiones de los trabajadores. Esto se dará a un ritmo de un punto porcentual cada año, desde el 2023 hasta el 2030. Esto subirá el costo para los patrones, pero incrementará el porcentaje del sueldo de los trabajadores que va para el retiro de 6.5% hasta 15 por ciento. Si los actuarios que cocinaron la reforma están en lo cierto, la tasa de reemplazo podría llegar a ser mayor a 70%, para aquellos trabajadores que hayan trabajado y cotizado veintitantos años.
Esto no ocurrirá pronto. Se necesitarán varios años para que este cambio se note en las cuentas de los retirados. En el futuro próximo, veremos “egresar” a varios trabajadores con una pensión muy reducida, porque el 42% es el máximo posible. Para tener esa tasa de reemplazo, se requiere haber trabajado 1,250 semanas en el sector formal y que el trabajador haya cotizado con su sueldo completo en ese periodo. La inmensa mayoría de adultos mayores necesitarán la pensión universal que otorga el Gobierno para completar su gasto. Para muchos no alcanzará, ni así. Veremos, quizá, protestas de adultos mayores, como parte de nuestra normalidad del futuro.
¿Cómo se ve el sistema a si mismo? Esta semana la AMAFORE hizo su evento anual. Tuvo una cartelera de conferencias de primer nivel, con el Nobel de Economía, Paul Krugman; la periodista Anne Applebaum, experta en Rusia y el politólogo Francis Fukuyama. El presidente de la AMAFORE, Bernardo González hace un balance optimista y pide más flexibilidad para colocar las inversiones del sistema. Tiene un punto, porque 50% de los recursos están invertidos en valores gubernamentales; 6.8% en renta variable nacional y 11.8% en acciones de empresas extranjeras. El presidente de la CONSAR, Iván Pliego, subraya lo inequitativo que es el sistema cuando vemos las diferencias entre hombres y mujeres. Argumenta en favor de la reducción drástica y forzada que se hizo a las comisiones. Considera que las afores pueden ser más eficientes y bajar costos de ventas, por ejemplo.
¿Cómo se ve el sistema de pensiones de México comparado con otros países? En la convención de AMAFORE se insistió en lo bien que luce el sistema mexicano, respecto a otros casos de la región, sobre todo después de la reforma del 2020. Para poner las cosas en perspectiva, vale la pena conocer una mirada externa y echar un ojo al Mercer CFA Institute Global Pensión Index. México tiene una calificación de 56.1 y aparece como el cuarto lugar de América Latina, arriba de Argentina y Brasil, pero inferior a Uruguay, Chile y Colombia. En el mundo, entre 44 países ocupamos la posición 29. En lo positivo, hay que subrayar que México mostró la mayor mejora en la calificación en el reporte 2022, en buena medida gracias a las reformas.
El índice califica la adecuación, la sustentabilidad y la integridad. Cuánto obtendré, es lo que se evalúa en adecuación. ¿Podrá seguir entregando o cumpliendo?, está bajo la lupa en sustentabilidad y ¿puedo confiar en él?, es la pregunta clave en integridad. Para México, la mejor calificación está en adecuación, 63.1 y la peor en integridad, 43.6. Esto se refiere a regulación y gobernanza; comunicación a los beneficiarios y costos operativos. ¿A quién le toca hacerlo? ¿Cuánto tiempo se dan para lograr un avance significativo?.
lmgonzalez@eleconomista.com.mx
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