A tan sólo unos días de que termine el año, los resultados en materia de seguridad en este 2022 han sido devastadores. Como lo he expresado en columnas anteriores, los números de homicidios en este sexenio han sido los más altos registrados en la historia contemporánea de este país, cerrando en cuatro años de gobierno con aproximadamente 137,500 asesinatos, de acuerdo con datos de la administración federal, lo cual cuál evidencia que, durante este periodo, se han superado los registros de los sexenios de Calderón y Peña Nieto… ¿Qué poder decir al respecto?
Por Marisol Ochoa/ EL ECONOMISTA
A lo largo de los meses, el discurso presidencial de la mano de los representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las Fuerzas Federales, han hecho esfuerzos por sostener que en su retórica de “abrazos y no balazos”, los resultados se han dado, ¿pero dónde? Al menos en la percepción real de la ciudadanía y en los números, esta perspectiva no es al que se siente en algunos estados como Zacatecas, Colima, Guanajuato, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Michoacán, Baja California Sonora, entre otros lugares que viven la violencia en su día a día.
Por otra parte, hace unos meses, la Secretaría de la Defensa Nacional reportaba la implementación de 33 estrategias y 209 acciones puntuales para consolidar a la secretaría como un actor estratégico y relevante en materia de seguridad, donde dentro de sus resultados, en el mes de diciembre se dio a conocer la detención de aproximadamente 1,076 objetivos prioritarios, con información de la misma administración federal, que evidencia un aumento del 106% de detenciones estratégicas de agentes delictivos, en comparación con los 522 objetivos prioritarios detenidos en la administración de Enrique Peña Nieto. En efecto, estas son acciones son positivas, pero la pregunta que se plantea es: ¿y esta relación de detenciones influye o no en los aumentos o disminuciones de los niveles de violencia en el país?
Es importante no perder de vista, que las estrategias de seguridad no sólo son para dar seguridad al Estado, sino a sus ciudadanos. Si estas dos variables no se encuentran contempladas en una estrategia de seguridad nacional, los resultados pueden ser devastadores, principalmente para quienes no pueden defenderse por su cuenta y dependen de otros, en este caso de la autoridad, para que les brinden protección. Por otra parte, habrá que pensar que mucho de esta estrategia, fuera del discurso no termina por consolidarse, y ejemplos claros y terribles los podemos ver por ejemplo en un tema que se toca poco, pero que pasa todos los días, en los desplazamientos forzados de miles de familias chiapanecas y ahora guerrerenses que han tendido que dejar todo lo que tenían atrás, para sobrevivir a la violencia que se vive en sus territorios, por disputas territoriales, grupos armados y/o criminales.
Para tener una idea de este problema, entre 2010 al 2021, de conformidad a registros del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, tan sólo en Chiapas, aproximadamente 14,476 personas han abandonado sus hogares para sobrevivir, en su mayoría mujeres y niños. Por otra parte, entre el 2016 y 2020, de acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se han registrado más de 36,000 desplazamientos forzados en Chiapas y Guerrero, y donde tan solo en 2020, se reportó el abandono de sus hogares de al menos 9,741 personas por la violencia, afectando aproximadamente a 25 municipios en las dos entidades, sobreviviendo a 24 eventos violentos, lo cual más allá de la frialdad de las cifras, es vivir un infierno para estas familias que frente a la violencia no tienen quien las proteja y les devuelva su vida. Esta es la realidad con la que cerramos el 2022, por más que cerremos los ojos ante lo que es evidente. ¿Será que en el 2023 podamos esperar algo distinto, más allá de discursos que minimizan lo que es evidente? Lo he sostenido hace años, sin seguridad no puede existir una democracia sólida, y sin esta, la gobernabilidad de cualquier nación está en riesgo.
