La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, investiga las condiciones en las que se dio la muerte de una persona de origen africano, ocurrida en los separos municipales de Juchitán de Zaragoza.
Ante ello, el organismo autónomo inició el expediente, DDHPO/0052/RIJ/(10)/OAX/2022, mediante el cual solicitó informes al municipio antes mencionado, respecto a los hechos en los que se registró el deceso, además de que pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado rinda un informe sobre la carpeta de investigación y copia del dictamen de necropsia de ley y certificado médico de fallecimiento.
La DDHPO señaló que en este año se han registrado cinco defunciones en centros de detención municipal, ocurridos en Salina Cruz, Santa María Huatulco, Santa Catarina Juquila, Tlalixtac y Juchitán de Zaragoza, de los cuales dos corresponden a personas extranjeras.
Mientras que, de enero de 2015 a la fecha se han registrado 18 defunciones de personas en centros de detención municipal.
Ante ello, el organismo autónomo ha señalado que este tipo de lugares requieren el establecimiento protocolos de atención, contar con médicos, así como cámaras de seguridad.
Insistió en la importancia de atender las causas estructurales que dan origen a este tipo de situaciones, además de la necesidad de regular estos espacios y tomar acciones de prevención, por lo que es necesario brindar a las autoridades municipales herramientas y estrategias que les ayuden a realizar su función con el pleno respeto a los derechos humanos, así como sensibilizarlos respecto a que la integridad de las personas que están bajo su resguardo son su responsabilidad.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca puntualizó que las personas migrantes más allá de su estatus migratorio conservan sus derechos humanos, por ello, el Estado debe articular políticas públicas que permitan salvaguardar su integridad y dignidad.
Añadió que el fenómeno migratorio es complejo, sin embargo, todas las instituciones del Estado tienen la obligación de que en sus acciones, programas y políticas públicas para atender la migración lleven un enfoque de derechos humanos, además de priorizar el principio pro persona, es decir, que se coloque en el centro de la toma de decisiones a las personas migrantes.
Finalmente, la Defensoría recordó que todas las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas, ya sea que estén en custodia de la autoridad o independientemente de su situación migratoria, es su deber procurar salvaguardar la integridad, dignidad y la vida de todas las personas.
